La innovación es un motor clave para dar una respuesta transformadora a los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales existentes.
Desde la óptica de las administraciones públicas, el ritmo de las innovaciones supone un reto de adaptación y de gestión del cambio ligado a su papel de entes que establecen las garantías y que velan por proteger a las personas, el entorno y la economía del componente de incertidumbre sujeto a la innovación. Por otro lado, destaca el papel de las administraciones públicas como sujetos innovadores, en sí mismas, con la oportunidad y capacidad de estimular y orientar la innovación hacia la mejora del entorno y la calidad de vida de las personas.
Desde la vertiente de los desarrolladores de soluciones innovadoras, a menudo estos desarrollos disruptivos no se ajustan por completo a la normativa o no encuentran cobertura en el ordenamiento jurídico que gestiona la actividad, entre otros motivos, porque la legislación sencillamente no ha podido avanzar o preverlos, lo que limita la posibilidad de probar las soluciones innovadoras en situaciones reales y validar su viabilidad e iterar en el proceso de mejora para adecuarlas y consolidarlas.
La elaboración de una ordenanza reguladora para la creación de un entorno controlado de pruebas en la ciudad de Barcelona permitirá conciliar y encajar ambos intereses, lo que brinda flexibilidad al ampliar el margen de maniobra reglamentario y orientarlo hacia la experimentación para poder poner en práctica los desarrollos innovadores. Así, a través de este instrumento, se producirá un intercambio de conocimiento que nutrirá un aprendizaje de todo el ecosistema no solo sobre la innovación, sino también sobre el marco jurídico que lo ordena.
